Mujeres al curul: el simulacro electoral de la equidad de género

Por: Tania Díaz Chávez

Tradicionalmente el liderazgo de muchas mujeres ha sido utilizado de manera clientelar, respondiendo a intereses de quienes realmente ostentan el poder y los recursos, y ellas, se quedan sólo como movilizadoras, que difícilmente acceden a los altos niveles de la toma de decisiones y que pudiera tener un impacto real en la comunidad. 

La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo ejerce su soberanía sobre aquéllos o aquéllas a los que ha elegido para que lo representen o gobiernen. La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones (Cobo: 2003). Sin embargo, históricamente las mujeres han sido relegadas de esta posibilidad; hace apenas 60 años se logró el derecho formal de votar y ser votadas, sin embargo, ha sido un proceso complejo el poder acceder a postulaciones y cargos de toma de decisiones que represente los intereses de hombres y mujeres y le dé un sentido más justo y equitativo a nuestro sistema “democrático”; esto, entre algunos factores, debido a la cultura patriarcal que permea en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Idealmente ser ciudadano o ciudadana, implica el ejercicio real de los derechos políticos, como participar en acciones que desde lo público impacten en todas las esferas de la comunidad local o nacional.

A pesar de que las mujeres representan más del 50% de la población, en 1991 las mujeres no integraban ni el 10% del Congreso, actualmente es poco más del 30% (cifra histórica). En 30 años, únicamente han sido cinco mujeres las que han podido gobernar una entidad federativa (Colima, Tlaxcala, Yucatán (en dos ocasiones) y Zacatecas), una más encabezó el gobierno del Distrito Federal. Además su participación en los poderes del Estado se mantiene por debajo de la participación de los hombres, donde alcanza en un 10% en los puestos más altos del Gobierno Federal, como Secretarias y Subsecretarias de Estado y cerca del 20% en el Poder Judicial.

Son varios los elementos que deben analizarse o tomarse en cuenta en relación a la participación femenina en el proceso democrático. Primero las relaciones sociales que se configuran en torno a ciertos usos y costumbres, leyes, políticas públicas, contextos y coyunturas políticas y económicas, etc. en la esfera privada, familiar, comunitaria y de las instituciones en general, que impactan en que las mujeres participen o no de manera activa en la esfera de los asuntos públicos, desde la participación ciudadana y política.

Cuando la mujer logra superar esas construcciones tradicionales que la sujetaban históricamente en la esfera de los privado y lo doméstico, se enfrenta a otra etapa, que tiene que ver con las relaciones de poder, negociación, liderazgo; pesos económicos y políticos que se conforman al interior de los partidos políticos, caracterizados por sus prácticas antidemocráticas, excluyentes, patriarcales y machistas que aún prevalecen en dichos organismos y que significan un obstáculo más en el camino de las mujeres por acceder a la representación política de intereses plurales y equitativos.

Esta cultura androcéntrica determina relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres en el ámbito de la política, sobre la base de los roles de género desiguales para unas y otros, cuya expresión se da a través de estructuras rígidas y niveles jerárquicos, códigos de disciplina y liderazgo autoritario. De tal manera que, aun aquellas mujeres que logran llegar a ocupar ciertos  espacios de poder, suelen sufrir aislamiento y ser excluidas de la toma de decisiones fundamentales, si no cuentan o no logran obtener el apoyo mayoritario de los hombres (Ramos:2005)

Si bien en términos jurídicos mujeres y hombres gozan de iguales derechos para participar en la vida política del país, esta igualdad formal no se traduce en la participación igualitaria en el ámbito público y la representación política. Estos espacios todavía suelen leerse en códigos masculinos, lo que implica que los cargos públicos, ejecutivos, de adopción de decisiones políticas y todos aquéllos que implican el ejercicio del poder público, sean ocupados mayoritariamente por hombres y, por ende, se margine a las mujeres de los procesos estratégicos y definitorios de la agenda pública, así como de las deliberaciones sobre asuntos de vital importancia para el interés colectivo.

Sin embargo, se han tenido avances importantes en la incorporación de mujeres en las candidaturas y cargos de representación popular, esto derivado en gran parte de las legislaciones impulsadas principalmente por mujeres que han alzado la voz y logrado leyes que favorezcan estas acciones. Las últimas reformas que se han hecho a las leyes electorales en busca de la paridad, la participación ciudadana, la igualdad y la democracia, han permitido que los partidos políticos escapen cada vez menos a las disposiciones que desde 1993 se han venido formulando en ese tema, ya que el cumplimiento de la Ley Electoral se desvanecía, pues cuando finalmente las mujeres logran adentrarse en el “juego político” y ejercer el derecho a ser votadas, accediendo a candidaturas, se topan ante las viciadas prácticas tradicionales y  mañas, como las Juanitas; nos referimos a aquellas mujeres que sólo fueron propuestas como medida de cumplimiento a las leyes electorales con medidas afirmativas para equilibrar el desigual proceso de elección en México, pero que una vez concluido el proceso electoral, las ganadoras renunciaban al cargo para dar paso a un hombre en su lugar.

La actual legislación electoral ha implementado reformas y candados para evitar que esas prácticas se repitan. Esperemos que ello sea efectivo y por lo menos suficiente para evitar eso. Sin embargo, obviamente no todo son números, a pesar de que en la última legislatura las mujeres alcanzaron un histórico porcentaje de curules (37%), eso no es garantía de alcanzar la igualdad de derechos, y nos lleva a la otra fase de análisis de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía:

Una vez que la mujer logra superar la barrera familiar, la de los partidos políticos, la de los vacíos en el proceso electoral, se enfrenta a otro “reto”, legislar con Perspectiva de Género, tener esa visión que permita ver la realidad desde las diferencias socioculturales, económicas y biológicas a las que afectan a mujeres y hombres, además de que se enfrenta a otro juego político y otras relaciones de poder y negociaciones que son predominantemente masculinas; para ello, se han hecho investigaciones que analizan el número de mujeres que tienen a cargo alguna comisión y qué tipo de comisiones, cuántas propuestas hicieron, de qué índole, cuántos y cuáles pronunciamientos, y en general el desempeño e influencia que tienen las mujeres una vez que acceden a la “posibilidad” de estar en la toma de decisiones.

Encontramos que la visión tradicional del papel femenino predomina en las formas de organización del Congreso, al ser asignadas a comisiones que se consideran “asuntos de mujeres”, es decir, a las comisiones que atienden asuntos de infantes y de salud (atención a adultos mayores, etc.) es decir, se repiten los esquemas y los estereotipos que colocan a la mujer como cuidadora.

Según Teresa Hevia (Consultora), de las 56 comisiones ordinarias en San Lázaro, las legisladoras presiden sólo 12, es decir, tan sólo el 21.4%. La especialista señala que falta que las mujeres lleguen con más poder, y por tanto con posibilidad de incidir en las grandes decisiones que afectan al país. En la actual Cámara cuya legislación está por concluir, las Diputadas no participaron en los debates de las grandes reformas estructurales como la energética, laboral, educativa.

Además de que llegan al cargo sin poder, y de que esas reformas vitales se hicieron por el “Pacto por México”, existen algunos otros aspectos que desde un enfoque micro, serían las negociaciones que se realizan bajo el compadrazgo, la componenda masculina y los acuerdos que se pactan en las comidas o borracheras de los Diputados.

Existen datos duros que permiten constatar lo anterior, de acuerdo a un estudio realizado, la mayoría de las mujeres políticas entrevistadas (70%) señalaron que existe discriminación de género en el desarrollo de las labores parlamentarias. Mientras que 64% percibe discriminación de género en el ámbito de la estructura de los partidos políticos.  Entre las principales experiencias de discriminación expusieron que no se toman con seriedad sus propuestas (43%), no se toma con seriedad sus trabajo (38%), no  pueden participar en las reuniones de los grupos de poder del partido (29%), así como molestia de los compañeros de bancada por participar en discusiones a nivel parlamentario (21%). De igual manera,  el 64% de las mujeres entrevistadas señaló que existe acoso sexual hacia las mujeres que desempeñan cargos públicos (Berg Marketing & research, UNAM, 2006).

Según el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, las elecciones de este año establecerán una nueva marca al ser el proceso en el que estén registradas más candidatas a cargos públicos, ya que asegura el cumplimiento de la norma legal de 50-50 en la asignación de candidaturas entre hombres y mujeres, en las contiendas para renovar los congresos, tanto a nivel local como federal. Ello da esperanza; sin embargo, es indispensable y es una obligación en el ejercicio de la ciudadanía, ser vigilantes de que se cumplan tales disposiciones, así como seguir promoviendo y fomentando el empoderamiento político en las mujeres y la participación ciudadana, con todo lo que ello implica.

Ya vimos que llegar al cargo no es suficiente para garantizar la participación efectiva de las mujeres en el ámbito político ni su influencia en la toma de decisiones ni tampoco en legislar a favor de la igualdad de género, pues para que eso suceda son muchas cosas las que están en juego, por ello las leyes deben ir acompañadas de políticas públicas que promuevan la capacitación, la inclusión, la democracia al interior de los partidos, la transversalidad de la perspectiva de género en todas las instituciones y ámbitos con repercusiones socioculturales, políticos y económicos, que incidan de manera profunda en la forma de vida y en la construcción de una visión más justa que contribuya al bienestar de toda una nación, ya que está comprobado, y la ONU no se cansa de afirmarlo, que cuando las mujeres participan y mejoran su calidad de vida, contribuye al desarrollo humano y el beneficio de la sociedad en general.

La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad. Febrero 2010. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. H. Congreso de la Unión Cámara de Diputados. LXI Legislatura: http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf

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