ECOAGUA: Fraude contra la ciudad

PORTADA #318

Por: Marcela Valles

Implicados: Jorge Zermeño, Juan José Gómez y Peñoles 


Apenas regresó a la alcaldía, Jorge Zermeño parece decidido a frenar la casi lograda cancelación legal de un fraude que comenzó en 1999, al final de su primera administración: la concesión de la planta tratadora de aguas residuales de Torreón. El retorno del alcalde significó la dudosa ruptura con la firma de abogados que exitosamente llevaba el caso, la formación de un Consejo al que no respeta y la posible y contradictoria renegociación con la empresa fantasma ECOAGUA, lo que implica décadas de deuda infértil para la ciudadanía.

Nunca había sucedido que un alcalde de Torreón enfrentara, en funciones, las consecuencias de una decisión que tomó él mismo hace 19 años y se encontrara con que creó un monstruo que devoró ilícitamente al menos 841 millones del erario público a través de una concesión otorgada a una empresa “fantasma”, cuando esta denominación no se usaba todavía para llamar a la simulación de sociedades creadas específicamente para la firma de contratos.

Juan José Gómez, nuevamente director del SIMAS
El 12 de noviembre de 1999, a tan solo un mes y medio de que concluyera su periodo gubernamental como alcalde de Torreón de 1997 a 1999, Jorge Zermeño Infante firmó, junto con Juan José Gómez, director del SIMAS en ese mismo periodo, un contrato para el otorgamiento de la concesión de la planta tratadoras de aguas residuales de la ciudad.

El contrato fue otorgado a la empresa ECOAGUA DE TORREÓN, S.A de C.V, una empresa “fantasma” constituida formalmente el 19 de octubre de 1999, de acuerdo a los registros de la Notaría Pública No.3 de Gómez Palacio, a cargo del controvertido político Octaviano Rendón Arce y de la cual Carlos Ramos Miranda aparece como representante legal y firmante del contrato de la concesión.
Lo anterior significa que la empresa ECOAGUA fue creada 24 días antes de la firma del contrato que le otorgó una concesión por 18 años y 6 meses. Según consta en la firma del contrato original, la empresa carecía de domicilio; el espacio correspondiente se encuentra vacío.

El concurso convocado por el gobierno municipal el 2 de marzo de 1999 fue ganado originalmente por las empresas Fypasa Construcciones, S.A de C.V y por Industrias del Agua, S.A de C.V, pero éstas, por causas que se develarían posteriormente, decidieron la creación de ECOAGUA DE TORREON, S.A de C.V y en el contrato firmaron como obligados solidarios, con lo que iniciaba una serie de graves anomalías.

La CONAGUA había establecido como costo mínimo de inversión para la planta 240 millones de pesos, pero los ganadores presentaron una oferta más baja, de 179 millones de pesos.

A la licitación no se dio acceso a los medios de comunicación. La licitación de origen generó suspicacia y la propia CONAGUA se pronunció en contra y anunció que retiraría su crédito contingente de 15 millones de pesos con los cuales apoyaría la obra. Pese a esto, el proyecto continuó hasta la apresurada firma del contrato ese 12 de noviembre de 1999, en el restaurante La Macía, ubicado en el boulevard Independencia y hoy ya desaparecido.

Después de seis gobiernos municipales, tres del PAN y tres del PRI, se dieron por lo menos 9 modificaciones o acuerdos modificatorios al contrato original, los más importantes con Guillermo Anaya Llamas, José Ángel Pérez y Eduardo Olmos, hasta que la situación hizo crisis en octubre de 2014.

De acuerdo a la relación de pagos proporcionada por el SIMAS a Revista de Coahuila, para diciembre de 2014 la paramunicipal había pagado a los concesionarios la suma de 841 millones 126 mil 895 pesos, pero aún le restaban seis años al contrato, que concluía hasta el 2021.

Los pagos comenzaron en febrero de 2003, al inicio del gobierno de Guillermo Anaya Llamas y para el 2014 se estaban pagando 3 millones de pesos mensuales (36 millones anuales), cuando la planta nunca había funcionado conforme a lo convenido y se encontraba en un funcionamiento deplorable.
De no haber impugnado el fraudulento contrato, la ciudad hubiera pagado, para el 2021, la insultante cantidad de 1,300 millones de pesos, convirtiéndose en el fraude más grande que se haya cometido en contra del municipio de Torreón.

Todo esto con cargo a la ciudadanía a través del cobro denominado de “saneamiento” en el recibo de cobro del agua potable, aunque como tal no alcanza a cubrir el total, pues el resto sale de los ingresos del cobro general que realiza el SIMAS.


DESDE EL INICIO: TODO MANIPULADO

Nunca se informó a los medios quiénes eran las dos empresas que aparecían como obligados solidarios y que se supone que realmente ganaron el concurso: FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A de C.V e INDUSTRIAS DEL AGUA, S.A de C.V. Se trata de dos empresas domiciliadas en la Ciudad de México, la segunda de ellas realmente una firma extranjera de la que se desconoce exactamente qué papel jugó en este oscuro negocio.

ECOAGUA DE TORREON S.A de C.V , de acuerdo a los documentos notariales, quedó integrada por Amanda Kumimgham, como  presidenta de la dirección ejecutiva de Azurix para Norteamérica, Jaime Derek, Michael M Woods y Francisco Chozas Rizo, quien en el contrato aparece a su vez como apoderado legal de FYPASA, mientras que por INDUSTRIAS DEL AGUA firma Michael Phillip Jones Taylor.

Carlos Ramos Miranda, quien es la persona que siempre ha aparecido ante el ayuntamiento de Torreón, no es sino el representante legal. Azurix no era sino una filial de la poderosa empresa internacional norteamericana ENRON, que posteriormente entró en graves problemas financieros y se fue a la quiebra.

Todo un juego de simulación del cual tenía total conocimiento Jorge Zermeño Infante y Juan José Gómez.

Lo más vergonzoso es que ECOAGUA únicamente contribuyó con el 34% de los recursos para la construcción de la planta, que equivale a 70 millones 212 mil pesos. El resto fue aportado de la siguiente manera: FINFRA BANOBRAS, 59 millones 887 mil pesos (29%); la CONAGUA, 13 millones 710 mil pesos, y un financiamiento de BANOBRAS a ECOAGUA, 61 millones 735 mil pesos (30%), para un total de 205 millones 545 mil pesos, cuando el concurso había sido ganado con un presupuesto de solo 179 millones de pesos. Finalmente el entonces alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, afirmó a los medios que el costo total de la planta tratadora había sido de 270 millones de pesos, casi 100 millones más del monto ofrecido en la licitación, con lo cual el capital privado aportado baja a tan solo 25%, todo el resto fue capital público. ¿Cómo se justifica entonces en términos financieros la creación de una concesión?

Todo se clarifica cuando en su informe anual la empresa Peñoles da a conocer que desde el mes de junio de 2002 ya había adquirido los derechos de la concesión, cuando los pagos de la misma comenzaron hasta febrero de 2003.

La versión oficial es que la empresa Azurix comenzó a enfrentar diversos problemas en la prestación de sus servicios a nivel mundial, sobre todo en países latinoamericanos como Argentina, Bolivia y República Dominicana. La compañía formaba parte de ENRON, el gigante en la generación de energía, plantas tratadoras y suministro de agua, que se vio envuelto en un escándalo que lo llevó a la quiebra.

Esta versión no tiene un sustento suficientemente sólido para ser tomada como un hecho, pero es la que se dio en los medios empresariales.

En entrevista desde la Ciudad de México para Revista de Coahuila, el ingeniero Adrián Guerrero Medina, quien era representante de la gerencia BOT de Peñoles (gerencia de Construcción, Operación y Transferencia, por sus siglas en inglés) afirmó, según consta en la grabación: “ECOAGUA es solamente operador, un prestador de servicios que representa a los capitalistas que le maquilan al SIMAS”; enseguida señaló que ECOAGUA “concursó la obra con participación económica de los tres niveles de gobierno -debido a que el agua es un bien nacional- y con capital privado. La recuperación de la inversión se da vía pago de contrato de prestación de servicios a través del SIMAS y se factura cada mes”.

En su informe anual de 2002 (documento de acceso público entonces) Peñoles da a conocer que desde junio de ese año, a través de sus filial Aguas, Servicios e Inversiones de México (ASIM), en sociedad con la firma francesa Ondeo Services, era dueña del 90% de la planta tratadora de aguas residuales de Torreón, lo cual han negado en varias ocasiones varios gerentes del propio SIMAS.
Dentro de sus planes de expansión, el grupo Peñoles consideró que estratégicamente “el agua era el negocio del futuro”, así que adquirió las concesiones para controlar el 50% del agua potable y saneamiento de Cancún e Isla Mujeres; el 50% de toda la Ciudad de México; el 50% de León y posteriormente el 90% de la concesión de la planta tratadora de aguas residuales de Torreón.

Desde el primer gobierno municipal de Jorge Zermeño, todos los alcaldes, panistas y priistas, tenían conocimiento de que el propietario real de la concesión era la empresa Peñoles, que había presentado una propuesta absurda al gobierno del mismo Jorge Zermeño, para obtener un concesión, la cual fue rechazada pero, por los hechos posteriores, hay presunción de que llegaron a algún tipo de arreglo.
La CONAGUA desde el inicio se opuso al proyecto y a la aportación de los 15 millones que le correspondían. El gerente de la cuenca en ese momento, Raúl Cuéllar Chávez, pagó caro esta oposición. Hay indicios bien fundados que esta fue la causa principal de sus destitución y de inclusive haber sido sujeto a un proceso judicial y administrativo, del cual al final salió librado pero se retiró del servicio público.

Entrevistado por Revista de Coahuila, el gerente de saneamiento de SIMAS en el año 2000, el contador Martín Alcántara Iniesta, dio su testimonio de cómo al momento de la salida de Raúl Cuellar como gerente de la CONAGUA todo comenzó a fluir. Textualmente afirmó:

“…a partir de eso tuvieron que hacer un cambio del gerente regional y salió el que estaba en ese momento [Raúl Cuellar Chávez]; empezamos a trabajar con el otro [sic] que nos dio otros caminos para hacer todos los trámites; llegamos con los directores y nos autorizaron, [el dinero] salió como el 21 de diciembre y teníamos que gastárnoslo en ese mes o se perdían los fondos. Fueron 16 millones de pesos los que nos dieron.”

Oficialmente, según las declaraciones del gobierno de Salomón Juan Marcos Issa, la CONAGUA  aportó 13 millones 710 mil pesos. Ahí, de entrada, se perdieron en el camino 2 millones 290 mil pesos. Después de todo se trataba de la construcción de una planta de aguas pestilentes y sólo estaban comenzando.


TODO HUELE A AGUAS NEGRAS

Desde su planeación, la planta tratadora fue diseñada con tecnologías que ya eran obsoletas en su momento, además de cometerse una serie de errores de ingeniería en la selección de los suelos, debido a manejos oscuros de los gobiernos municipales, avalados por Salomón Juan Marcos Issa y Guillermo Anaya Llamas, sucesores de Jorge Zermeño Infante.

Con el paso de los años las cosas fueron empeorando en el manejo de la planta. En consecuencia nunca se cumplieron las especificaciones técnicas en la calidad de agua, pues nunca se pudo vender sino como agua gris. Además, de acuerdo a lo convenido, el SIMAS tenía que hacer todos los pagos por la compra, cada vez más absurdos.

Debido a la muy prolongada permanencia de Raymundo Rodríguez de la Torre como gerente técnico del SIMAS, quien ha sido ratificado nuevamente en el cargo, tanto los gerentes de la paramunicipal como los alcaldes estaban enterados de que se estaba cometiendo un gran fraude, pero ECOAGUA siempre acudía con cada alcalde nuevo y llegaban a un acuerdo.

La situación “revienta” con todos sus fétidos olores, en el 2013, cuando el gobierno de Eduardo Olmos Castro deja de realizar los pagos mensuales a ECOAGUA y el gobierno que le sucede, presidido por Miguel Riquelme Solís, hace lo mismo y comienza a aplicar la mano dura sobre la concesionaria.

El 21 de octubre de 2014 se celebra un convenio, donde se acepta un adeudo de 160 millones de pesos acumulados a la fecha, acordando una revisión de las condiciones de la concesión para ambas partes, a más tardar el 31 de enero de 2015. En caso de que no se diera dicho acuerdo, ECOAGUA podría entregar la planta y dejar de operarla a partir del referido 31 de enero de 2015.

Al constatar el estado en que se encontraba la planta y el incumplimiento de todas las obligaciones por parte de ECOAGUA, algo que Raymundo Rodríguez, el gerente técnico, verificó, Javier Herrera, gerente de SIMAS, decide contratar los servicios del despacho Nassar Nassar y Asociados para denunciar los contratos y convenios contraídos desde el mismo contrato inicial, buscando la nulidad o rescisión, teniendo como consecuencia la restitución de las prestaciones otorgadas, el pago de multas y la restitución de la planta.

Los honorarios acordados fueron del 8.5% directo sobre la cantidad que representa el ahorro del pasivo que se tenía con CONAGUA (la concesión vencía hasta el 2021), que se cotizó en 634 millones 201 mil pesos.

De acuerdo tanto a los montos de cobranza establecidos en el medio de la abogacía, como al prestigio del despacho Nassar Nassar y Asociados, el cobro es considerado como razonable de acuerdo a varios reconocidos abogados consultados al respecto. La cantidad a pagar era importante, pero el monto del pleito era más de diez veces mayor, además de ser un proceso legal en contra de una poderosa empresa.

La decisión de contratar un despacho prestigiado de la Ciudad de México y apoyarlo con otros dos despachos locales fue una estrategia bastante acertada y exitosa, que sentó todo un precedente con respeto a la contratación de concesiones por parte de los ayuntamientos y los gobiernos en general. Puede considerarse inclusive un caso de estudio, en la opinión de uno de los abogados y catedráticos consultados al respecto.

Del 21 de enero de 2015, fecha en que fue contrato hasta el 31 de diciembre pasado en que entra en funciones Jorge Zermeño Infante, el despacho Nassar Nassar y Asociados le ganó todo y en todas las instancias a ECOAGUA o más bien a quienes están detrás de esa figura jurídica, sin embargo está pendiente una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que dejaría sin efecto el adeudo final que ronda los 180 millones de pesos.

Después de ganar ocho sentencias consecutivas, que ya le ahorraron al SIMAS 454 millones 790 mil pesos, por concepto de la cancelación de los últimos seis años y medio de la fraudulenta concesión, el sentido común y la jurisprudencia indican que existen muy altas probabilidades de que dicha resolución sea en favor del SIMAS, pagando los honorarios proporcionales a Nassar Nassar y Asociados. Sin embargo la situación ha cambiado a partir del 1° de enero de 2018, fecha en que entra en funciones el segundo gobierno de Jorge Zermeño Infante, quien creó este monstruo de concesión en 1999 y, coincidentemente, regresa como alcalde cuando está por concluirse un pleito muy exitoso en contra de la concesionaria.




EL GOBIERNO SOY YO

Jorge Zermeño decidió remover el consejo de SIMAS, máximo órgano de autoridad de la paramunicipal, colocándose como cabeza del mismo, revocando la decisión del gobierno anterior de que el alcalde no formara parte del consejo para tener una mayor imparcialidad y autonomía en la toma de decisiones, pues en gobiernos anteriores el que lo decidía todo era el alcalde y el gerente de la empresa.

El nuevo consejo es enorme; está integrado por 17 personas. Zermeño Infante se colocó como presidente del mismo y nombró a Sergio Lara Galván, secretario de ayuntamiento, también secretario del consejo; agregó a cinco representantes ciudadanos, que son presidentes o miembros de organizaciones civiles que, se supone, son ciudadanos imparciales, pero que provienen de ONG´S de abierta tendencia pro-panista; seis más son representantes de los organismos empresariales y el resto, que es la minoría, regidores del ayuntamiento.

Para decidir la situación de qué hacer con el caso ECOAGUA, se formó una comisión, integrada por el XV regidor, Enrique Sarmiento Álvarez y Ricardo Segura Montaña, de la asociación civil PC29.
Desde la primera reunión Jorge Zermeño manifestó que no deseaba que se continuara con el despacho Nassar Nassar y Asociados, porque era muy costoso, pero sin externar argumentos jurídicos ni de otra naturaleza; de ahí la formación de la comisión para que se estudiara todo lo referente a ECOAGUA y fuera el Consejo quien decidiera.

Contradictoriamente, y en lo que es un evidente doble discurso, Juan José Gómez invitó a ECOAGUA a presentar una propuesta Al SIMAS, cuando se está en pleno juicio en contra de la misma.

Sin haberlo siquiera consultado con el Consejo, mucho menos con la comisión que se había formado, Jorge Zermeño anuncia a los medios el 8 de marzo que el nuevo abogado que se hará cargo de juicio en contra de ECOAGUA será Alberto Romero Castañeda, sin antes haber revisado el contrato con Nassar Nassar y Asociados, y afirmando que no tiene por qué haber penalización.

Alberto Romero Castañeda, el abogado
Afirmó, literalmente, que ya lo había contratado: “Sí tiene ya un poder para actuar, lo estamos proponiendo para que se haga cargo de la defensa jurídica que tiene que llevar el SIMAS como un despacho lagunero… es alguien que conozco y que le hemos encargado algunos asuntos jurídicos”.

El secretario técnico del Consejo de SIMAS, Eduardo Castañeda Martínez, representante del CLIP y contador público de profesión, manifestó a su vez que esta decisión era algo ilegal, pues ellos no habían dado ningún poder ni autorización para que Romero Castañeda fuera representante en el caso del litigio contra ECOAGUA. “El órgano máximo de autoridad en el SIMAS es el Consejo Directivo”, añadió.

Jorge Zermeño, quien estudió abogacía tardíamente pero nunca ha ejercido, tiene una idea diferente y, en la primera decisión importante, se pasó por alto al Consejo Directivo.

En la reunión extraordinaria, convocada a raíz de la sorpresiva decisión del alcalde, a Zermeño le otorgaron 7 votos a favor, incluyendo el de él mismo; todos los concejeros de las cámaras empresariales (5 en total) se abstuvieron, y sólo obtuvo un voto en contra de parte de Enrique Sarmiento, integrante de la Comisión Especial. Sólo le dieron el voto sus funcionarios y, contradictoriamente, los representantes ciudadanos.

No se presentó el currículum de Alberto Romero Castañeda, cuando se esperaba que se presentara al menos una terna para decidir; se informó que saldrá más barato (cobrará el 6.5%, mientras Nassar Nassar y Asociados cobraba el 8.5%) y que es un despacho local, lagunero.



El antecedente es delicado, lo que se reflejó en el malestar de los consejeros del sector empresarial, por la falta de respeto de Jorge Zermeño hacia el Consejo y la forma autoritaria de tomar la decisión, lo que evidencia la postura real de Jorge Zermeño hacia el Consejo y el doble discurso en este importante asunto.

El malestar de los consejeros que no están bajo el control de Zermeño Infante se acentuó cuando este dio a conocer en la reunión extraordinaria que desde el pasado 8 de enero, ante el notario No. 63 Alberto Iduñate Guzmán, le había ya otorgado poder a Alberto Romero Castañeda para asumir el caso de SIMAS contra ECOAGUA, lo que se había ocultado no solo al Consejo Directivo, sino a la comisión.



Ante los fuertes cuestionamientos del regidor Enrique Sarmiento, Zermeño Infante sólo tuvo evasivas.

“¿De qué se trata? ¿Por qué si desde el 8 de enero le dieron poder a Romero nos lo está ocultando? Se está jugando en lo oscurito y nos está faltando al respeto al Consejo y a la Comisión. ¿O cuál es entonces el propósito de todo esto?”, le cuestionó directamente el XV regidor. “Lo está poniendo con el argumento de que es su amigo. Pudo presentar una terna para escoger la mejor opción, y en lo de que sale más barato porque cobra 6.5%, ¿no se podía haber negociado con Nassar Nassar y Asociados?”.

Enrique Sarmiento Álvarez
Antes de la misma reunión, varios diarios, entre ellos Milenio de Torreón y Vanguardia de Saltillo, habían dado a conocer que Alberto Romero Castañeda tiene antecedentes penales, pues enfrentó un proceso de carácter penal en 2003 por abuso de confianza que lo llevó a pisar el CERESO de Torreón. Pero hay otros antecedentes muy delicados sobre este controvertido abogado y amigo del alcalde, pues tuvo un episodio con el hampa, según su propia declaración, que data del periodo del empoderamiento del crimen organizado que vivió Torreón de 2007 a 2012, mientras Zermeño Infante vivía en Madrid, España, como embajador de México.

Estos delicados antecedentes tienen que ver con el medio empresarial. Se desconoce si actualmente persista tal situación, pero Alberto Romero Castañeda era uno de los poquísimos abogados de la ciudad que empleaba guardaespaldas o elementos de seguridad privada que le acompañaban de manera permanente.


¿NEGOCIANDO EN LO OSCURITO?

Pero mientras se oculta al Consejo las decisiones que se toman hasta con dos meses de antelación sin la autorización de éste, Juan José Gómez está en pláticas con dos representantes de ECOAGUA, a quienes se les solicitó que hicieran una nuevas propuesta, la cual consistió, básicamente, en la renovación de la concesión por un nuevo periodo de 30 años, con la proposición de que se harán cambios tecnológicos, entre otros aspectos.

Lo que llama la atención, además de este inexplicable acercamiento con una empresa a la que se está siguiendo una demanda y la cual ha cometido fraude, es que en nombre de ECOAGUA han aparecido dos colombianos: José A. Primelles Gingele, en representación de una empresa denominada TERRABRIO y Carlos Orduz Aguilar, en representación de la empresa Grupo EPM o, más específicamente, Tecnología Intercontinental SAPI de CV.

El cuestionamiento obligado es: ¿de qué se trata todo este doble discurso y a dónde va encaminado?
Enrique Sarmiento, miembro de la comisión especial, que ahora ha sido ampliada para tratar de neutralizarlo, sostiene abiertamente: “Yo creo que están buscando encontrarle una salida a ECOAGUA y llegar a una negociación, cuando el sentido común y la lógica orientan hacia el hecho de que tiene todo perdido y ha causado un gran quebranto económico a Torreón, el cual le fue detenido, pero ahora están buscando la manera de negociar. ¿En qué términos? No lo sabemos, pero si así sucede varios van a salir beneficiados, así que estaremos muy atentos para ver qué pasa con este caso tan delicado”.

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