El congreso de Coahuila: revisiones a la deuda de Humberto Moreira

Por: Gerardo Lozano


Varios observadores de la política coahuilense habían advertido de las grandes posibilidades democráticas de tener un Congreso Estatal con una mayoría de diputados de partidos distintos al PRI, que ganó el poder ejecutivo, pero también han advertido de los riesgos que conlleva el tratar de convertir al Congreso del Estado en un instrumento político de revancha y, de forma más inmediata, en un recurso electoral.

En lo que parece la fatídica ley del péndulo, donde de un extremo se va hacia el otro, los panistas están empujando o al menos tratando empujarlo hacia su uso como un instrumento que les beneficie en el proceso electoral del próximo mes de julio.

Difícilmente alguien puede contradecir con seriedad que el gobierno estatal de Humberto Moreira dañó a mediano y largo plazo las finanzas públicas de Coahuila, así como dañó de forma terrible la seguridad pública, entre otras cosas de la vida pública y de la sociedad regional y estatal.

Tampoco es defendible tratar de sostener que Rubén Moreira, aun con un grave conflicto personal con su hermano, hizo lo que correctamente debería haber hecho con respecto a la cuestión financiera, mientras que sí afrontó el grave problema de la seguridad que heredó su hermano.

Según lo podemos apreciar hoy con una mayor nitidez, Rubén Moreira sacó adelante sus seis años de gobierno haciendo lo que se puede considerar como cualquier malabar financiero posible, dado que la deuda absorbe, pesos más pesos menos, 3 mil millones de pesos anuales, lo que deja al gobierno estatal con un margen de maniobra estrechísimo.

Para el 2017, el Secretario de Finanzas del estado, Ismael Ramos, estaba, física y mentalmente, agotado. Para cerrar el gobierno hubo necesidad de solicitar un crédito de 2,500 millones de pesos, pero además se dejó una deuda de 1,800 millones documentados a proveedores, todo a corto plazo.
También al final de la administración de Rubén Moreira surgió el problema de la existencia de algunas empresas “fantasma”, en las que estaban involucrados algunos altos funcionarios estatales, entre los que destacaba Esther Monsiváis, quien tuvo diversos cargos.

El monto de cuántos millones pudieron desviarse no está precisado, porque la investigación no ha sido concluida, aunque algunas filtraciones han mencionado que la cantidad es cercana a los 400 millones de pesos.


ESCÁNDALOS, PERO INMEDIATOS

El tema de la deuda estatal que heredó el gobierno de Humberto Moreira y su interino Jorge Torres es muy grave, pero ya se ha vuelto viejo en los medios y además es muy complejo; es, con mucho, el tema más importante, porque seguirá absorbiendo casi todo el presupuesto estatal para inversión pública directa por los próximos veinte años o más.

La gran mayoría de los coahuilenses desea una explicación de lo que realmente sucedió en materia financiera en el gobierno de Humberto Moreira, pero saberlo sería sólo el primer paso; el segundo es de qué manera se puede solucionar y ahí es donde las cosas se ven sumamente complicadas, más con un escenario político-electoral como el que tenemos en puerta, el cual, no importa quién gane, estará en buena medida supeditado al escenario internacional en lo que hace a la economía y estamos hablando de un problema económico que tienen varios estados importantes del país.

De entrada hay que considerar que ya han pasado seis años desde el término del gobierno de Jorge Torres López. La revisión y el manejo de esa enorme deuda era tarea inmediata del gobierno que la recibió, porque la información contable estaba disponible o podía ser recuperada, por lo menos un porcentaje de ella; una parte importante de esa deuda no estaba legalizada e inclusive había sido contraída con documentos falsificados por funcionarios como Javier Villarreal y otros que han sido ya señalados.

Abrir un litigio hace seis años, con todos los elementos que se tenían, posiblemente hubiera permitido una negociación más dura con los bancos y hubiese arrojado mucho más información sobre el destino de gran parte del dinero que no está respaldado legalmente.

La deuda bancaria del gobierno de Coahuila es actualmente de 36 mil 200 millones de pesos, en información oficial y, durante los últimos seis años se han pagado sólo por intereses casi la mitad de la misma, esto es entre 16 y  18 mil millones de pesos.

Después de “legalizarla”, de reconocer inclusive los documentos falsos que fueron utilizados por funcionarios del gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres, y de renegociaciones, los grandes beneficiarios, después de los funcionarios corruptos, son los bancos.

Los tenedores de al menos el 90% de la deuda de Coahuila son los bancos Interacciones, Banorte, Multiva y BBVBancomer. Detrás de ello hay un entramado oscuro, donde se mezcla uno de los clanes político-empresariales más poderosos y corruptos de México.

En una reunión pública celebrada el 6 de noviembre de 2014 en la ciudad de México, Carlos Hank Rhon, propietario de Interacciones manifestó públicamente que en un lapso de 10 años, esta institución había multiplicado en 17 veces sus créditos a gobiernos estatales y locales, pero esperaban duplicar esta cifra en los próximos tres años, que se cumplieron precisamente el año pasado.

En esa misma reunión se dio a conocer que Interacciones poseía el 12% de la deuda de estados y municipios; Banorte el 24% y Bancomer el 26%; el resto se repartía muy fraccionado entre otras instituciones.

Lo que no mencionó fue que su hijo, Carlos Hank González, homónimo de su abuelo, es el presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, por lo cual, realmente la familia Hank poseía el 36% de esa deuda, que ascendía a 61 millones por parte de Interacciones.

Si se considera a Banorte, la suma se incrementa a la impresionante cantidad de 183 mil millones de pesos, pero esto en el 2014, por lo que la ganancia de intereses ha sido un negocio enorme.

Antes de que Rubén Moreira encriptara por 8 años la información relacionada con la deuda del estado, se había filtrado que Interacciones controlaba más de 10 mil millones de la deuda de Coahuila y era el principal tenedor de la misma.

Esta deuda tiene como garantía el 90% de todas las participaciones federales que recibe el estado; 25% del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que le corresponde a Coahuila y, por autorización del Congreso Estatal, el 100% del Impuesto Sobre Nóminas, lo que significa que en caso de incumplimiento las finanzas del estado se colapsarían totalmente.

Coahuila tiene ingresos propios, después del fuerte incremento de impuestos en el gobierno de Rubén Moreira, por alrededor de 2,500 millones de pesos, lo que varía ligeramente año con año, mientras que el ISN asciende a un poco menos de 500 millones de pesos.

Algunas publicaciones de la ciudad de México en su momento promovieron juicios en todas las instancias posibles para tratar de obtener una información detallada de la deuda que controla la familia Hank Rhon, referente a los estados, los municipios y la federación, pero el poder judicial federal le dio protección a Interacciones, argumentando que se dañaba el secreto empresarial, fiscal, bancario y fiduciario. Así lo determinaron en su momento los jueces Martín Adolfo Santos Pérez y Juan Pablo Gómez Fierro.

Con este escenario se puede deducir que el Congreso del Estado, aun con una mayoría opositora, tiene una tarea sumamente complicada para investigar el asunto de la deuda que heredó Humberto Moreira, por lo menos hasta que no concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto y gane la presidencia de la república algún partido distinto al PRI, aunque tampoco es garantía de que suceda nada diferente.

Después de lograr tener acceso a la información vendría todo un proceso de análisis contable y financiero, al cual le seguiría, de tener elementos sólidos, un procedimiento judicial también muy complicado y larguísimo. Todo esto, como abogados que son, lo saben quienes manejan la bancada panista ante el Congreso del Estado.

La misma fiscalía norteamericana que ha manejado el caso Coahuila hasta ahora no ha proporcionado ninguna información siquiera indispensable en torno a Humberto Moreira, pero sí existe un seguimiento que está bajo reserva para proteger en proceso de investigación.

El sector bancario y la familia Hank Rhon tienen un poder que trasciende al de los partidos políticos, ya no se diga a los gobiernos estatales, de ahí que haya convertido la deuda pública en un extraordinario nicho de negocios financieros.


IR CONTRA EL NUEVO GOBIERNO

De ahí se desprende que la bancada panista, por indicaciones de su dirigencia, que maneja todavía Guillermo Anaya Llamas, hayan dado indicaciones de ir sobre objetivos inmediatos, específicamente sobre el nuevo gobierno estatal que encabeza Miguel Riquelme Solís, en busca de algo que sea útil para el proceso electoral del próximo mes de julio.

Lo primero fue cuestionar el crédito por 980 millones de pesos contraído por el nuevo gobierno, pagadero a 12 meses y destinado a diversos rubros de inversión. Se presionó para llegar a un acuerdo para que compareciera el tesorero estatal, Blas Flores, lo cual técnicamente no procedía, pero se hizo. Ante ello el tesorero estatal invitó a los diputados a su despacho para darles todas las explicaciones que quisieran, a lo cual respondió por lo menos la mitad de los diputados, pero los panistas se negaron a asistir e insistieron que tenía que ir al Congreso a rendir cuentas del crédito.

Finalmente Blas Flores acudió el pasado 5 de marzo al Palacio Legislativo y tuvo una reunión de dos horas con la Comisión de Finanzas, ante la cual informó que el crédito de los 980 millones de pesos se destinaron 458 millones de pesos a obra pública; 101 millones de pesos a salud; 192 millones de pesos a educación; 127 millones a seguridad y 16 millones más por la disposición del crédito.

Los diputados cuestionaron todo lo que creyeron conveniente y no hubo ninguna información extraordinaria, mucho menos escandalosa, como se deseaba, pero antes de la reunión, ya la bancada panista estaba en busca de información, a través de la Secretaría de la Función Pública, sobre la administración de Blas Flores durante su periodo como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, en esa misma búsqueda de algo que sea útil mediáticamente.

La misma dinámica se ha repetido en el ayuntamiento de Torreón, donde se ha buscado, por todos los medios posibles, lograr evidenciar desvíos, faltantes, tecnicismos financieros y huecos administrativos que arrojen alguna información que sea útil mediáticamente, al grado de que en primera instancia el cabildo aprobó las cuentas del pasado mes de diciembre de 2017, correspondiente al último mes del interinato de Jorge Luis Morán, con el voto a favor del propio alcalde Jorge Zermeño, pero después él mismo se desdijo de su propio voto por sugerencia de algunos de sus funcionarios.

Por su parte los diputados priistas han pedido una investigación sobre algunos asuntos delicados de la administración municipal de Saltillo que presidió Isidro López Villarreal, mientras que la administración de Gerardo García, exalcalde de Monclova, ha recibido también señalamientos importante por parte de la Secretaria de la Función Pública, los que tendrán que ser solventados en los próximos meses.

Parece haber un consenso unánime de que el Congreso del Estado debe hacer su trabajo, y lo debe hacer con rigor, pero ya comenzó a  suceder lo que se temía: el uso del poder legislativo con fines de carácter partidista y político en contra de los gobiernos que no son de la misma filiación, lo que desvirtúa la esencia de la división de poderes y el ámbito de competencia de cada uno de ellos, algo que nos saca de una muy mala tradición para meternos en otro tipo de problemas.

El mensaje del caso del préstamo y la comparecencia de Blas Flores envía un mensaje bastante claro: la intención de dificultar la operación del nuevo gobierno estatal y el dañar la imagen de sus principales funcionarios, en este caso el propio tesorero estatal, además de buscar hacer una demostración de poder por parte de los partidos opositores ante el Congreso del Estado.

Ese es el mensaje y la intención de las decisiones, de las cuales no ha salido nada en concreto, mientras se debería estar trabajando en las cosas que son realmente importantes, como el caso de la deuda, entre otras, pero ésa es una tarea complicada y sumamente laboriosa, que sin embargo es lo que esperan quienes votaron por tener un cambio en el balance de los tres poderes, lo que no se había dado nunca antes en la historia política del estado.



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