Crimen organizado: el quinto candidato




El crimen organizado y sus grandes organizaciones se han ido empoderando, controlando territorios cada vez más amplios del país y buscando un control de los presidentes municipales, de las policías y la complicidad de los gobernadores, así como la de funcionarios federales y políticos que les permitan operar con mayores ventajas.

Hace décadas que el crimen organizado tiene injerencia en la política mexicana y en los procesos electorales, pero esto se daba solamente en algunos estados y regiones del país, como Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, por citar los históricos.

Se financiaban campañas electorales y se establecían tratos o pactos con los gobernadores y algunos alcaldes. Lo mismo sucedía a nivel federal con funcionarios de áreas estratégicas relacionadas con la seguridad.

Los jefes de los carteles de la droga, que era el delito principal al que se dedicaba el crimen, no tenían mayor interés en participar directamente en la actividad política; lo único que les importaba es que “los dejaran trabajar”.

Hoy este escenario ha cambiado completamente. El crimen organizado y sus grandes organizaciones se han ido empoderando, controlando territorios cada vez más amplios del país y buscando un control de los presidentes municipales, de las policías y la complicidad de los gobernadores, así como la de funcionarios federales y políticos que les permitan operar con mayores ventajas.

Los modos cuidadosos de hace tres décadas se han dejado de lado para adoptar “negociaciones” más duras y llegar a la imposición y la amenaza violenta que, en caso necesario, se cumple con el secuestro y el asesinato de políticos que se resisten a solapar sus actividades, pero de ahí han pasado a intervenir cada vez más en los procesos electorales, ya no sólo con el financiamiento de ciertos candidatos, sino con la imposición de sus propios candidatos y el asesinato de aquellos que están relacionados con bandos contrarios o que sencillamente no les convienen.

No es una casualidad que en siete de los nueve estados que renovarán gubernatura el próximo primero de julio aumentara la violencia durante los primeros cuatro meses de 2018, con respecto al mismo periodo de 2017.

Los estados en los cuales se elegirá gobernador son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Ciudad de México, Veracruz y Yucatán.

Sólo en Yucatán bajó el índice de homicidios dolosos, en tanto que Veracruz también lo disminuyó muy ligeramente, pero en todos los demás se presenta un incremento, en algunos casos muy agresivo.
Guanajuato, el único estado que gobierna el PAN de manera ininterrumpida desde hace un poco más de 20 años, comenzó repentinamente a sufrir en su región sur una ola de violencia como jamás había tenido. De enero a abril de 2018 el número de homicidios dolosos se incrementó en un 120%, pasando de 455 a 1,004 víctimas, lo que le convirtió de pronto en uno de los estados más violentos del país, cuando no tiene ningún antecedente histórico de presencia importante del crimen organizado, ni condiciones socio-económicas que puedan justificar lo que está sucediendo.

Los políticos y los medios periodísticos coinciden en que existe un evidente propósito de “calentar” el estado por parte del crimen organizado, con la intención  de poder expandirse desde Michoacán y Jalisco, algo que no habían podido hacer por la oposición de los gobernadores y alcaldes de extracción panista, por lo que buscan un cambio en la gubernatura que les favorezca.

El pretexto es el robo del llamado “guachicol” a partir de toda la ductería que se deriva de la refinadora de Salamanca, pero esa no es una explicación suficiente para justificar lo que está sucediendo.

Hay filtraciones que indican que el actual gobernador, Miguel Márquez Márquez, actúo con debilidad cuando los carteles que operan en Michoacán y Jalisco (estados vecinos), comenzaron a incursionar en los municipios fronterizos con Guanajuato, pero además, inexplicablemente, ni las fuerza federales ni las fuerzas armadas actuaron de manera contundente.

Guanajuato es el estado más estratégico del bajío, con una población de 5 millones 854 mil habitantes, en consecuencia uno de los padrones electorales más importantes del país.
Puebla, también gobernado por el PAN, enfrenta el mismo problema de incremento súbito de la violencia, al pasar de 288 homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de 2017 a 422 en el primer cuatrimestre de 2018. El motivo aparente de tal disparo de la violencia es el mismo que en Guanajuato: el “guachicol”.

El propósito político también es el mismo que en Guanajuato: bajar al PAN de la gubernatura en otro estado muy estratégico, que tiene una población de 6 millones 169 habitantes.

Jalisco, el cuarto estado del país en población con 7 millones 845 mil habitantes, también enfrenta un notorio incremento de la violencia en el primer cuatrimestre de este 2018, al pasar de 462 homicidios dolosos en 2017 a 669.

Este estado tiene problemas muy viejos con el narcotráfico y el crimen organizado en general. Se le puede considerar, después de Sinaloa, como el estado histórico de los carteles de la droga, pero este problema, que había tenido una fuerte disminución, se ha incrementado nuevamente de forma agresiva en la última década, particularmente en el gobierno de Aristóteles Sandoval, quien recuperó el gobierno del estado para el PRI después de varias administraciones panistas.

Su periodo comenzó con el asesinato de su secretario de turismo, por asuntos relacionados con el lavado de dinero y la disputa del estado por parte de dos organizaciones criminales. Su gobierno ha sido muy turbio en lo referente a la seguridad pública y el avance del crimen organizado.

La atención de los medios está centrada principalmente en la elección presidencial, pero la elección de las nueve gubernaturas es muy estratégica por la importancia de la mayoría de estos estados.

Guanajuato, Puebla, Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México suman una población de 36 millones 899 mil habitantes; si se agregan Morelos, Tabasco, Yucatán y Chiapas, hace un total de 48 millones 513 mil, prácticamente el 40% de la población total del país. Tres de estas entidades estratégicas las gobierna el PAN, tres el PRD, dos el PRI y una el PVEM.


UNA INTERVENCIÓN DIRECTA

Del 8 de septiembre de 2017, fecha en que dio inicio el actual proceso electoral, han sido asesinados 103 políticos, casi todos ellos candidatos y precandidatos a manos del crimen organizado.

De la amenaza y el intento de corrupción se ha pasado a la agresión directa, en los casos donde los candidatos o precandidatos se oponen a los intereses de cierta organización criminal, pero también se han dado varios casos de candidatos ligados al crimen que han sido asesinados por organizaciones contratarías.

Ricardo Mejía Berdeja, candidato a diputado federal por el estado de Guerrero, una de las entidades que más número de asesinatos de políticos ha tenido, expone que esto se debe a la acción de las organizaciones del narcotráfico que buscar impedir que un determinado candidato o partido político gobierne en municipios donde tienen o buscan tener operaciones.

La gran mayoría de los políticos asesinados eran precandidatos o candidatos a cargos de gobierno o de representación popular en municipios chicos, donde el crimen tiene operaciones y les considera como “sus” territorios.

Las dos zonas del país con un mayor número de asesinatos de políticos en el periodo referido es el pacífico (Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Oaxaca) y la zona centro como los estados de Guanajuato, Puebla e Hidalgo.

Cabe resaltar que, con respecto a 2015, el número de asesinatos de políticos se ha incrementado en un 385% desde el inicio del proceso electoral.

Otro dato significativo es que el 72% de los asesinados pertenecían a partidos opositores al que está gobernando actualmente en los municipios donde se cometieron los crímenes. En varios casos se presume inclusive que en los asesinatos tuvieran alguna forma de participación elementos de seguridad relacionados a dichos municipios, aunque la mayoría fueron ejecutados directamente por sicarios.

El día primero de junio, para abrir el último mes de campañas electorales, la violencia arreció en estados como Guanajuato, donde seis agentes de vialidad, quienes realizaban sus tareas cotidianas y no portaban armas de cargo, fueron brutal y cobardemente asesinados en la ciudad de Salamanca, para calentar aún más el ambiente de inseguridad en el estado, donde todo indica que el PAN retendrá la gubernatura.

A la par del asesinato de políticos de diversos partidos, el crimen organizado asesinó durante 2017 a un total de 12 periodistas de diversos medios y, en lo que va del presente año de 2018 ha asesinado a 7 periodistas.

La intolerancia hacia la generación de información sobre las actividades criminales es cada vez más agresiva y, como en el caso de los propios políticos, la impunidad fomenta que se cometan cada vez más asesinatos.

El empoderamiento del crimen organizado ha ido en aumento, ante la incompetencia del actual gobierno federal para detenerlo, lo que le ha dado un toque de sangre a la elección del próximo primero de julio.

Hay estados como San Luis Potosí, en el cual se ha dado alternancia entre el PAN y el PRI, donde existen denuncias sobre la participación directa de personajes vinculados al crimen organizado que están compitiendo por cargos muy importantes para la entidad.

En estados como Guerrero la apreciación de la mayoría de los ciudadanos es que el crimen organizado está jugando un papel determinante en el proceso electoral y la situación, desde hace tiempo, está fuera del control de las autoridades de seguridad, locales, estatales y federales.


LA “INVERSIÓN” EN POLÍTICA

El pasado 29 de mayo la Asociación Mexicana Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, presentaron ante los medios un reporte denominado “Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, en el cual afirma que por cada peso que un candidato a gobernador reporta como gasto de campaña, hay otros 15 que “mueven en la oscuridad” porque nunca lo reporta y/o su origen es desconocido.

El reporte añade que, gracias a mecanismos ilegales que permiten encubrir gastos de campaña, el costo real de éstas puede superar hasta 10 veces el tope legal.

Debido a lo anterior, en las últimas elecciones de gobernador en las 32 entidades del país antes de 2018 tuvieron un tope promedio de 46.8 millones de pesos, pero en realidad habrían alcanzado un gasto real promedio ejercido de 460 millones de pesos.

El informe detalla que hay tres mecanismos ilegales para obtener dinero para las campañas en México: “desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado”. El estudio sólo aborda las dos primeras formas de fondeo ilegal.

Uno de los aspectos que el estudio encontró, es que en los meses previos a las campañas electorales, la circulación de dinero en efectivo en México aumentaba hasta el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que indica la magnitud de los recursos en papel moneda que se mueven en las campañas electorales, con el fin de que ese dinero no pueda ser rastreado.

Por las mismas características del asunto que aborda el estudio del MCCI, las cifras son aproximadas, pero no por ello dejan de tener validez.

Desde el siglo pasado la utilización ilegal de dinero en las campañas electorales en México ha sido una constante, que aumenta o disminuye dependiendo de las características de la elección y de la entidad en donde ésta se realice.

En estados como Coahuila lo típico ha sido la desviación de recursos públicos y la contribución ilegal de particulares, pero alrededor de 15 años a la fecha, la contribución ilegal de particulares está cada vez más ligada a empresarios dedicados al “lavado” de dinero, especialmente en regiones como La Laguna y el norte del estado.

El desvío de recursos públicos para destinarlos a las campañas se ha dificultado, a raíz de los mecanismos impuestos por las contralorías y la Secretaría de la Función Pública, pero se sigue dando, lo que ha incrementado la aportación ilegal de particulares con cantidades cada vez más fuertes.

El estudio del MCCI evita tratar de calcular cuánto del dinero que aportan ilegalmente los particulares se trata de empresarios que están “invirtiendo” en un determinado candidato para la obtención de contratos públicos o algún tipo de beneficio gubernamental, y cuánto es una aportación del crimen organizado a través de su red de “lavado” de dinero.

Lo primero es una práctica que se ha dado en las campañas electorales en México desde que el actual sistema político existe, pero lo segundo es algo que se ha estado incrementando aceleradamente en los últimos años, lo que permite al crimen organizado pactos o acuerdos con los gobiernos estatales y con instancias federales para poder operar sus actividades ilícitas.

En muchos estados las elecciones quedan marcadas por la aportación del dinero del crimen organizado, en lo que es uno de los factores más importantes para poder explicar el crecimiento del crimen y de la inseguridad.

Al convertirse el candidato en gobernante tiene que pagar los favores y los compromisos contraídos, lo que abre las puertas de la corrupción y de la complicidad, algo que también es tradicional con respecto a los particulares que aportan ilegalmente a las campañas electorales, pero es algo nuevo en relación a los pactos con el crimen organizado.

La descomposición comienza con la aceptación de dinero por parte de empresarios dedicados al “lavado”, pero se puede ir agravando hasta alcanzar los niveles que se han dado en el estado de Tamaulipas, donde los gobernadores pueden participar de manera directa en las actividades criminales y utilizar para ello todo el aparato gubernamental y el control de las policías municipales.

Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero pueden considerarse, en menor o mayor proporción, como “narcoestados”, debido al poder que adquieren los grupos del crimen organizado, mientras que hay otro estados que tienen varias de sus regiones bajo el control de los cárteles de la droga, como son los casos de Durango, Chihuahua y Jalisco, o San Luis Potosí y Zacatecas en los últimos años.

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